Valencia se suma a la protesta estatal planteada para los días 25 y 26 de octubre que aboga por el derecho a la salud y a la vida para las personas internas en prisiones.
La Plataforma de Afectados por la Hepatitis C y la Coordinadora de Asociaciones de VIH Sida, CALCSICOVA, convocan una concentración en Valencia, frente a la Delegación del Gobierno, el próximo sábado, 26 de octubre, a las 10 horas para demandar el acceso a los nuevos tratamientos de la hepatitis C para la población reclusa.
Esta protesta tiene su justificación en la situación que ha generado la negativa de la Subdirección General de Sanidad Penitenciaria, supeditada a las decisiones del Ministerio de Interior, a sufragar los nuevos tratamientos contra la Hepatitis C que han ido apareciendo en el mercado desde que en 2012 se comercializaran los primeros antivirales de acción directa (Telaprevir y Boceprevir). Hasta esa fecha, los presos afectados por esta patología eran tratados con los fármacos disponibles en unas condiciones de relativa igualdad en comparación con la población general. No obstante a partir de 2012 el abandono por parte de Instituciones penitenciarias de los reclusos con esta patología ha sido total.
La llegada de los tratamientos de segunda generación han supuesto un enorme avance en la eficacia y en la reducción de efectos secundarios, sin embargo, su considerable aumento de precio ha implicado una serie de medidas coercitivas que han impedido a los médicos de prisiones poder prescribir estos nuevos antivirales. Esta situación ha terminado motivando un conflicto de competencias entre Instituciones Penitenciarias y los Sistemas Autonómicos de Salud, sobre el organismo que debería costear dichos tratamientos. En relación a estos inconvenientes, una sentencia del Tribunal Superior de Castilla y León dictó que Instituciones Penitenciarias era el organismo que debía sufragar estos tratamientos.
Durante estos tres últimos años el número de tratamientos prescritos a reclusos ha sido minúsculo, exceptuando en Cataluña y Euskadi, donde la Sanidad Penitenciaria está transferida. La situación en el resto del estado es dispar. Mientras que algunas autonomías han decidido, recientemente, comenzar a pagar los tratamientos (Valencia, Andalucía, Extremadura, Castilla la Mancha y Galicia) otras siguen sin hacerlo (Castilla León, Asturias, la Rioja, Aragón y Madrid).
Recientemente, tras la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, Instituciones Penitenciarias ha incluido en sus presupuestos de 2016 una partida de 20 millones de Euros para dichos tratamientos. Sin embargo, las asociaciones de afectados por la Hepatitis C alertan de que dicha remesa es insuficiente para tratar a los cerca de 14000 reclusos(22% de la población reclusa) que tienen hepatitis C. Asimismo, esta medida programada a medio plazo sigue suponiendo una demora para tratar a personas que requieren tratamiento de urgencia y no pueden esperar.
Respecto a la Comunidad Valenciana, desde el pasado mes de abril se están empezando a prescribir tímidamente estos tratamientos a la población reclusa, en concreto, 19 tratamientos a fecha de 27 de Agosto. Sin embargo, esto no ocurre en todas la prisiones. En el Centro Penitenciario de Fontcalent siguen sin tomarse las medidas oportunas (instalación del sistema informático centralizado Abucasis) para que estos tratamientos puedan llegar a los reclusos.
Por todo esto las Plataformas de afectados de hepatitis C convocan esta protesta de apoyo ciudadano. Porque el derecho a la salud y la vida no se puede meter entre rejas.
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